El Manejo Integral de la Zona Costera en México: Perspectivas de implementación y competencias jurídicas.

La importancia de la zona costera como una unidad espacial dinámica y vulnerable, de alta riqueza biológica, donde conviven una serie de ecosistemas cuyos procesos, estructuras y funcionamiento están entrelazados entre si y donde se resguardan un sinfín de recursos naturales que son traducidos como bienes y servicios imprescindibles para la sociedad de nuestro país, es indiscutible.

La zona costera es lugar y recurso del desarrollo de las actividades productivas mas importantes del país como lo son, la producción de petróleo, energía eléctrica, pesquerías, establecimiento de puertos, turismo y agropecuario principalmente. Así mismo, miles de personas viven y dependen, ya sea de manera directa o indirecta, de las zonas costeras mexicanas aledañas a los 11,000 km de litoral con que cuenta nuestro país.

Por estas cualidades, el desarrollo de sectores urbanos y económicos en las zonas costeras ha sido acelerado y explosivo, lo que trae como consecuencia una serie de experiencias en donde los impactos ambientales negativos han sido protagonistas.   Existen un sinfín de ejemplos de esto disponibles, tanto en documentos científicos especializados, como en cualquier medio de divulgación actual a nivel nacional e internacional.   Temas como erosión costera, disminución de pesquerías, contaminación de aguas y costas, aumento en el nivel medio del mar, deforestación, pérdida de hábitats y especies amenazadas en zonas costeras son materia de noticia diaria;  aun cuando algunos de estos impactos pueden ser generados por causas naturales, es una realidad que la presión humana ha contribuido a su vulnerabilidad y deterioro.

Las zonas costeras se encuentran en un proceso continuo de deterioro que va de la mano del desarrollo económico y de los intereses políticos de una minoría que planea en función del tiempo que dura el periodo gubernamental en puerta y que no cuenta con una visión integradora, ni de solidaridad intergeneracional y respeto a los derechos humanos y constitucionales básicas, para la toma de decisiones.

En México existe, desde el 2006, una Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sustentable de Océanos y Costas, que aparentemente define y reconoce la importancia y la problemática que enfrenta la zona costera.  Sin embargo, actualmente carecemos de una definición que la convierta en una figura jurídica viva dentro del marco de la doctrina del derecho mexicano.   Al 2010, hablar de zona costera en el ámbito de la legislación ambiental mexicana nos refiere primeramente a 20 metros correspondientes a la Zona Federal Marítimo Terrestre, quizás un poco a las definiciones, no siempre funcionales, de costa o de playa que encontramos en las leyes del mar, aguas nacionales o pesca, pero difícilmente a la definición de todo lo que involucra hablar de zona costera, incluyendo la regulación del aprovechamiento de sus recursos.

Por lo anterior no es de sorprender que a pesar de contar con un marco jurídico amplio, éste se vea muchas veces desarticulado y con vacíos pendientes de resolver.  Alrededor de diecisiete leyes y ocho reglamentos federales tienen injerencia en ecosistemas relacionados con la zona costera, existen normas oficiales mexicanas que deben observarse para el aprovechamiento en ecosistemas costeros y adicionalmente se puede hablar de mas de nueve dependencias gubernamentales de distintos niveles que tienen algún grado de competencia, en ocasiones sobrelapado, directa o indirecta sobre estos.

Es así que el manejo integrado de la zona costera (MIZC) entendido como “un proceso dinámico en el cual se desarrolla e implementa una estrategia coordinada para asignar recursos ambientales, socio-culturales e institucionales con el fin de alcanzar la conservación y uso múltiple sostenido de la zona costera” (Coastal Area Management Program and Plannig Network, 1989),  se asoma como una alternativa de solución utilizada como bandera de la Política Nacional de Desarrollo Sustentable de Océanos y Costas, pero que aún se enfrenta ante problemas específicos que no le permitan pasar del papel y las acciones a niveles menores a una realidad a nivel nacional.

El MIZC como proceso integral debe de considerar para su aplicación el completar el todo existente con las partes faltantes. En este sentido es necesario primeramente la recopilación y/o generación de información que pueda definir los factores existentes del todo, para identificar sus debilidades y fortalezas de manera que posteriormente sea posible proponer y generar estrategias encaminadas al ajuste de los factores existentes y/o la creación de los factores faltantes llámense. “definiciones funcionales de conceptos legales”, “definición y limitación de competencias”, “instrumentos normativos funcionales”, etc. Esto sin encasillar al MIZC dentro de procedimientos o instrumentos jurídico-administrativos que limiten su capacidad de adaptarse a las condiciones de acción diversas que enfrenta en la mayoría de los ámbitos

Dentro de los factores existentes de este proceso estratégico, flexible e integrador para la toma de decisiones, podemos mencionar a los actores involucrados y a las actividades que se realizan en la zona costera, la definición de actores y actividades permite el análisis de las interacciones que se dan entre estos, lo que puede ayudar a la identificación de conflictos y definición de competencias reales dentro del marco jurídico nacional.   Es importante mencionar que siempre se puede ir mas allá, no es importante la falta de definiciones jurídicas en un grupo integrado de actores que tomen decisiones en función al entendimiento e internalización de los costos ambientales, sociales, económicos y políticos que pueden estar involucrados en el aprovechamiento de recursos en la zona costera.  Dentro de los actores involucrados con la zona costera se pueden mencionar al sector académico, empresarial, industrial, gubernamental, social, este último puede ser considerado como el menos tomado en cuenta durante un proceso de toma de decisiones actual. Adicionalmente se debe mencionar el papel estratégico e indispensable de los asesores técnicos no relacionados con el ámbito gubernamental en este proceso.

Como instrumentos que pueden ayudar a implementar el MIZC como una realidad a nivel nacional podemos mencionar:

• Sistemas de Información Geográfica y Percepción Remota
• Estudios Técnico Científicos
• Consultas Públicas Voluntarias.
• Instrumentos de Planeación y Ordenamiento Territorial y Urbano
• Áreas Naturales Protegidas
• Instrumentos Económicos
• Procesos de Certificación Ambiental
• Evaluación Ambiental Estratégica y Evaluación de Impacto Ambiental
• Monitoreo y Manejo Adaptativo

El papel del sector social es fundamental para una visión integradora del manejo de la zona costera, pues es a través de este sector que se puede presionar a enmarcar las decisiones que rigen al desarrollo económico del país, en un esquema de acciones relevantes que permitan la calidad de vida de las personas sin comprometer la calidad ambiental de los recursos naturales y que esta calidad de vida y ambiental pueda llevarse de la mano con el concepto de “producto interno bruto” y “crecimiento económico”. La inserción del manejo integrado de la zona costera en los programas y planes nacionales, estatales y municipales de desarrollo urbano y territorial, así como en las políticas de sectores públicos y privados, debe convertirse en una demanda de la sociedad a los sectores inversionistas y gubernamentales de este país de manera que se garantice el mantenimiento de la estructura y función de los ecosistemas y recursos naturales que permiten existir.

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